El crecimiento acelerado y desbordado de la mancha urbana en Playa del Carmen no reconoció en su avance ni el peligro que representa vivir a un costado de una subestación eléctrica, ni bajo los cables de alta tensión, provocando problemas de tenencia de la tierra, ya que decenas de familias y hasta negocios mantienen invadido el derecho de vía de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, lo que impide regularizar esos lotes.
Sin embargo, los habitantes de esas zonas también viven expuestos a la contaminación electromagnética que se genera por las torres de electricidad y transformadores, así como por las antenas de telefonía celular.
La contaminación electromagnética es un concepto poco difundido en México que apenas empieza a llamar la atención, aunque en otros países ya ha sido motivo de creación de leyes y normas más estrictas para que las redes de alta tensión eléctrica, pero también antenas de de telefonía celular, se instalen a cierta distancia de los núcleos de población.
Esta semana, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre los estudios realizados y el avance en la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana relativa a la determinación de reglas y límites a la construcción e instalación de estaciones terrenas de telefonía móvil y estructuras de telecomunicaciones en zonas de alta densidad poblacional, así como las medidas de prevención y protección a la exposición de campos electromagnéticos, ya que en otros países ya existe una normatividad al respecto que en México ni siquiera se toma en cuenta.
Además, a la Secretaría de Salud se le pidió un informe sobre los estudios que haya realizado para establecer criterios relativos a los niveles mínimos aceptables a la radiación no ionizante provenientes de las antenas base de telefonía celular y de otro tipo de dispositivos que produzcan radiofrecuencias y cambios electromagnéticos, tomando en cuenta las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud y las políticas precautorias recomendadas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante.
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En el caso de Playa del Carmen, el desorden en la expansión de la mancha urbana no ha podido ser controlado pese a la existencia de un programa de desarrollo urbano y, si bien en su momento no se pudo evitar que decenas de familias compraran terrenos en la zona ejidal, junto o prácticamente debajo de las torres de alta tensión de la CFE, se sigue permitiendo la construcción de edificios para comercios y hasta escuelas dentro del derecho de vía de las instalaciones de la paraestal.
También se ha permitido la instalación, sin ningún problema, de estaciones terrenas de telefonía móvil dentro de populosos asentamientos como es el caso de la colonia Misión del Carmen y la ciudad de Tulum.
Las afectaciones
De acuerdo a la iniciativa presentada por la Comisión Permanente, en base a estudios presentados en foros internacionales, se advierte que el flujo eléctrico de las torres provoca radiación electromagnética que al ser absorbida por nuestros organismos, genera la producción excesiva de radicales libres que provocan que las personas estén más propensas a cualquier tipo de cáncer y a desarrollar algún tipo de inmunodeficiencia adquirida: en otras palabras se registra una baja continúa del sistema inmunológico.
“El problema es muy serio no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo; por ello, diversas organizaciones internacionales se han manifestado en contra de este tipo de contaminación”, se cita.
En el 2000, a petición del Parlamento Europeo el biólogo Neil Sherry dio a conocer una investigación en donde señaló que estas radiaciones son perjudiciales para el cerebro, corazón, feto, hormonas y células. A raíz de ello, la Comunidad Europea propuso una distancia mínima de seguridad para las antenas de telefonía (sin presencia humana) de 58 metros.
En otros países, esta distancia es mucho mayor: en Toronto es de 200 metros, en Namur (Bélgica) de 300 metros y en Australia de 500 metros.
En Suecia, en la legislación, se ha reconocido la posibilidad de la leucemia infantil generada por las líneas de alta tensión, mientras que en Suiza se han fijado límites más estrictos, afirmando que existe evidencia suficiente para aplicar normatividades más estrictas. En Alemania se recomienda una distancia de seguridad de un metro por cada kilovolt de tensión en la línea.
Debido a la falta de consenso científico internacional, la Organización Mundial de la Salud inició en 1996 un proyecto de investigación sobre el tema y aunque los resultados todavía no son entregados por requerir un mayor tiempo para los estudios, ha recomendado que como medida precautoria no se instalen antenas de teléfonos móviles a una distancia inferior de 30 metros de los seres humanos, lejos de centros asistenciales, guarderías infantiles y geriátricos, considerando que estas personas no poseen defensas como el humano adulto y sano.
En su alegato, la senadora del PVEM mencionó que aunque las empresas de telefonía celular como Nokia, Ericcson y Motorola niegan los efectos negativos, es interesante saber que han estado patentando inventos con el objetivo de prevenir y frenar los efectos de la contaminación.
En México, mientras tanto, no existen medidas legislativas concretas que indiquen distancias o límites para la instalación de antenas de telefonía, subestaciones de corrientes eléctricas, entre otros.
“En nuestro país la situación es extrema, porque no existe ninguna normatividad concreta al respecto y ni siquiera se han tomado en cuenta la normatividad internacional”, anotó.
Desinterés y negligencia
Lo peor del caso es que desde el año 2002 el Congreso de la Unión turnó una primera propuesta sobre la contaminación electromagnética a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero no hubo una respuesta oportuna sobre el tema.
Dos años después y en razón de las constantes peticiones ciudadanas desde distintos puntos de país al Senado de la República, el 14 de agosto de 2004, se presentó una un nuevo acuerdo en torno a la contaminación electromagnética, pero tampoco hubo avance.
En ese tiempo, se aprobó un punto de acuerdo en el que se pidió que el Senado de la República exhortase a la SCT, a que de conformidad con los estándares internacionales y legales, estableciera los límites a la construcción e instalación de estaciones terrenas de telefonía móvil y estructuras de telecomunicaciones, en zonas de alta densidad poblacional y se tomarán las medidas de prevención y protección necesarias para evitar la exposición a campos electromagnéticos que puedan poner en peligro la salud humana y el medio ambiente.
También se pedía que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informara sobre las acciones emprendidas en esta materia, así como la política adoptada por la misma, para afrontar la problemática citada.
Como respuesta al llamado de la Comisión Permanente, la SCT envió un oficio en que el reconocían que la Secretaría de Trabajo emitió la "Norma Oficial Mexicana: NOM-013-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes” y que ese mismo año, en el 2004, tenían programado iniciar la preparación de un anteproyecto de norma oficial mexicana sobre la materia en colaboración con alguno de los centros de investigación nacionales especializados en radiación electromagnética.
La legisladora dijo que la dependencia federal enfáticamente señalaba que: "una vez que este anteproyecto esté terminado nos coordinaremos con la Secretaría de Salud para valorar la pertinencia o necesidad de elaborar y aplicar conjuntamente la norma oficial mexicana correspondiente".
No obstante, ya han pasado casi dos años desde que se hizo ese compromiso y todavía no hay una respuesta clara sobre el asunto.
Estados que son vanguardia
Aunque a nivel federal sigue sin haber respuesta, hay que mencionar debido a denuncias ciudadanas y presión de grupos sociales y ambientalistas, en cinco estados del país donde no está Quintana Roo (Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí, Baja California Sur y Coahuila) ya se han empezado a tomar medidas precautorias para regular la instalación de torres de energía eléctrica y antes de telefonía móvil como un mecanismo para subsanar la falta de atención gubernamental.
Entre las observaciones hechas, algunas de las cuales ya se han concretado en normas, se señala la necesidad de establecer límites máximos de exposición para el personal que labora por tiempos prolongados en zonas con alta radicación, además de que se trasladen los cables de alta tensión lejos y las antenas de telefonía celular a distancias seguras de las zonas habitadas.
También se propuso que no se permita la construcción de casas en los límites no permisibles y que la distancia entre los hogares y las líneas de alta tensión sea por lo menos de entre 50 y 100 metros.
Además, que se reubiquen las emisoras de radio y televisión a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población y que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia.
La legisladora citó otros acuerdos de los congresos de esos estados en donde se reconoce una preocupación por la falta de regulación y conocimiento de los efectos de la contaminación electromagnética, al tiempo que citó documentos donde la SCT, ante peticiones expresas de información, se “lava las manos” porque refiere que la instalación de torres de electricidad y telefonía móvil, en base al Artículo 115 Constitucional, es una atribución de los municipios porque éstos autorizan el uso de suelo.
Sin embargo, en los municipios como el de Solidaridad, se desconoce todo sobre este tipo de afectaciones y se ha permitido en todo momento la instalación de torres de telefonía móvil en zonas urbanas o la construcción de casas y edificios a una distancia mínima de las torres de alta tensión, sin contar que nada se ha hecho para reubicar a las decenas de familias que viven debajo de los cables, en pleno derecho de vía de la CFE.
ES INCREIBLE DARNOS CUENTA QUE COMO SIEMPRE EL GOBIERNO VA DE SECRETARIA EN SECRETARIA PASANDO LA RESPONSABILIDAD DEL RIESGO QUE CORREMOS ANTE TODA ESTA CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA Y NADIE HACE NADA Y ME PREGUNTO QUE VA A PASAR ES TANTA LA IGNORANCIA QUE TENEMOS HACERCA DE ESTE TIPO DE CONTAMINACION AL LEER ESTE ARTICULO ME DI CUENTA QUE MUCHAS PERSONAS IGNORAMOS TODO ESTO Y NO PELEAMOS POR NUESTROS DERECHOS A LA SALUD , EN EL FRACCIONAMIENTO EN EL QUE VIVO HAY UNA TORRE DE LA CFE Y LA VERDAD NADIE LE VEMOS NINGUN PROBLEMA, AHORA QUE INVESTIGUE ME PREOCUPA LA IGNORANCIA EN QUE VIVIMOS Y COMO TODOS VIVIMOS MUY FELICES CON LA ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA AHORA TODOS PODEMOS TENER CELULAR, TODOS COMPRAMOS NUESTRO HORNO DE MICROONDAS, LA PLANCHA PARA EL CABELLO Y TANTAS COSAS MAS CON LAS QUE CONTRIBUIMOS A LA CONTAMINACION Y AL DESARROLLO DE TANTAS ESFERMEDADES .CREO QUE DEBERIA SER MAS DIFUNDIDO ESTE TEMA PARA QUE NO VIVAMOS COMO UNOS IGNORANTES Y PODER EXIGIR NUESTRO DERECHO A LA SALUD.
En pequeñas concentraciones, los gases de invernadero son necesarios para nuestra subsistencia. La energía solar pasa a través de ellos, llega a la tierra y, parte de ella, se devuelve, en forma de energía infrarroja. Es entonces cuando los gases de invernadero la atrapan y conservan el calor de la radiación infrarroja, al modo en que el calor se mantiene en un invernadero. 
Esta es la gran preocupación de los científicos, ya que, además de todos los desastres nombrados antes, se podrían producir hambrunas y epidemias, las que serían frecuentes en todos los países. También podrían derretirse témpanos, desaparecer flora y fauna, volverse desérticas las tierras de cultivo, estropearse arrecifes e inundarse las islas del Caribe. 
